La legítima defensa en un estado fallido
El día de ayer una noticia ha estremecido a México: una mujer de la tercera edad fue arrestada tras haber defendido su propiedad de un grupo de invasores que entraron ilegalmente a su domicilio con intenciones de ocuparlo. Lo que parecía una escena de legítima defensa se convirtió rápidamente en una controversia nacional cuando las autoridades decidieron actuar, pero no contra los invasores, sino contra quien se atrevió a proteger su hogar. La anciana había interpuesto denuncias previas, pero la Fiscalía no actuó. Sin embargo, bastaron unas horas para arrestarla luego de que combatiera al invasor.
La historia ha desatado un debate profundo: ¿es válido utilizar la fuerza letal para defender la propiedad? Para el Movimiento Nacionalista Izhanih (MNI), no se trata simplemente de una cuestión legal o filosófica, sino de una exigencia práctica en un Estado que ha demostrado su colapso institucional. En un México donde el secuestro, la extorsión, las desapariciones y los homicidios son moneda corriente, defender la vida, la libertad y la propiedad no es un acto de codicia, sino de supervivencia. Más aún cuando las instituciones ignoran a la víctima y premian la impunidad del agresor. En este caso, la Fiscalía no tardó ni 24 horas en actuar contra una ciudadana que se defendió, pero ha sido incapaz de detener a miles de criminales que operan todos los días.
La cruda realidad detrás de los patrones del gobierno
El caso expone una verdad inquietante: las instituciones sí tienen capacidad de respuesta, pero eligen no usarla contra el crimen organizado. Lo que vemos es un patrón de protección al delincuente. En el México del siglo XXI, el ciudadano que se defiende se vuelve el enemigo del Estado. Esto no es una exageración, es una constatación diaria para miles de mexicanos que viven con miedo, mientras los criminales operan con libertad y hasta con complicidad gubernamental.
El Movimiento Nacionalista Izhanih sostiene que esta situación no puede seguir normalizándose. El problema no es solo la impunidad, sino la narrativa impuesta por el régimen y sus simpatizantes: nos dicen que “no son las formas”, que “hay que esperar a las autoridades”, como si viviéramos en un país con instituciones funcionales. Pero no es así. México es uno de los países más inseguros del mundo y esperar justicia institucional es, en muchos casos, una condena a muerte. Por eso, ante la pregunta de si vale la pena defenderse incluso con fuerza letal, nuestra respuesta es clara: el derecho a vivir y a defenderse está por encima de la simulación legalista de un régimen en ruinas.
El regreso del péndulo.
Este caso no se trata de un simple hecho aislado. Se trata del despertar de una ciudadanía harta de que se le pida paciencia mientras es despojada. Se trata de entender que el Estado no está del lado del ciudadano, que el monopolio de la violencia se ha pervertido al grado de castigar al justo y proteger al criminal. Quienes siguen creyendo que estamos en un país con Estado de derecho simplemente se niegan a despertar. Pero cada vez más ciudadanos están entendiendo la verdad: que la única alternativa es la organización, la disciplina y la acción. La batalla narrativa fue ganada en este caso, pero el siguiente paso es organizarnos. Tambores de revolución resuenan en el horizonte y solo los despiertos sabrán cómo actuar.
